El Consorcio PERUVAL & ORIENT- EXPRESS tomó en concesión la ruta

Cusco Machu Picchu en estado calamitoso (ENAFER era una empresa que

perdía tres millones de dólares al mes). En los últimos 10 años el Consorcio

invirtió más de 200 millones de dólares en Hotelería y en reparar los trenes, así

como en las vías que no habían tenido mantenimiento en mas de 80 años;

El Consorcio no solo mejoro el servicio local, sino que mantiene un servicio

denominado tren social, que era el mal endémico en 80 años, y luego de una

inversión muy fuerte, es un tren subsidiado, el turista local paga 8 soles, pero el

Consorcio paga al Estado casi 20 soles por pasajero.

Extrañamente han ingresado a operar tres empresas creadas muy

recientemente en Panamá, sin tener estados financieros, experiencia

ferroviaria, capital mínimo autorizado, pólizas de seguro, y finalmente sin tener

garantías a favor del Estado.

Ferrocarril Trasandino del Grupo PERUVAL - ORIENT - EXPRESS, tiene una

garantía solidaria, por lo tanto es responsable de cualquier problema que

pudiera pasar en la vía, es decir si se produjera un accidente con muerte, y

hubiera una demanda por reparación civil, por ejemplo en los Estados Unidos

por 30 a 40 millones de dólares, al ser solidariamente responsables, PERUVAL

deberá pagar por la negligencia de cualquiera de estas tres empresas.

Primero, el Estado le negó el acceso a estas empresas fantasmas basado en el

reglamento, pero sorprendentemente en dos semanas cambian el Reglamento

Nacional de Ferrocarriles, quitando todas las condiciones existentes que

aseguraban el ingreso de operadores con basta experiencia y fuerte respado:

se exigía tener pólizas de seguros de 15 millones de dólares, garantías de 10

millones de dólares en fianzas bancarias, 10 mil kilómetros de experiencia

como operadores de vías, experiencias en pasajeros, patrimonio de más de

100 millones de dólares, balances auditados de 5 años, una plana gerencial ya

contratada con Currículum antes de comenzar a operar, en total de 10 a15

requisitos.

Con este antiguo Reglamento Nacional de Ferrocarriles, las tres empresas

fueron rechazadas, pero en 15 días este instrumento fue cambiado totalmente

y ahora exigen una sola condición, que la empresa tenga 100 mil dólares de

patrimonio. Este cambio de reglas de juego viola definitivamente la estabilidad

jurídica establecida con el contrato de concesión.

PERUVAL tiene un contrato que tiene categoría de ley, ha firmado una

concesión con el Estado peruano, invertido entre hoteles y trenes más de 200

millones de dólares.

Al ser solidariamente responsable, por cualquier problema que pueda pasar en

la vía, el perjudicado no va a ir a una empresa que tenga un patrimonio de 100

mil dólares, sino irá a reclamar a la empresa que tiene mucho más patrimonio

como PERUAVAL, a la empresa que tiene un patrimonio de 5 mil millones de

dólares como es Orient-Express y que está listada en la Bolsa de valores de

Nueva York.

Las tropelías de Zavala y Puga también en la controversia sobre la

ferrovía Cusco-Machu Picchu

El Tribunal Constitucional está a punto de fallar en torno a una acción de

amparo presentada por Peruval Corp., accionista de Ferrocarril Trasandino

S.A., concesionario de la vía férrea Cusco-Machu Picchu, contra decisiones

administrativas y judiciales que permiten la irregular apertura de la misma a dos

nuevos operadores privados, mediante concesiones con graves indicios de

ilegalidad y fuerte aroma a corrupción, que involucra al ex viceministro de

Transportes y Comunicaciones, Carlos Puga Pomareda, así como a la ex

ministra Verónica Zavala y a su entorno lobbysta y neoliberal.

Fuentes cercanas al despacho ministerial aseguraron que en el juego de

presiones e ilegalidades a favor de las dos operadoras está involucrado el

mismísimo Palacio de Gobierno, siempre entre bambalinas en los faenones, y

concretamente el secretario general de la Presidencia, Luis Nava, cuyo poder

de lobby es considerado inmenso en el mundo político y empresarial. La

historia se remonta a 1999, cuando Ferrocarril Trasandino S.A., formada por la

peruana Peruval y la inglesa Orient-Express Ltd., ganó la licitación internacional

de la concesión de la vía férrea en el sur y sur oriente, incluyendo la ruta

Cusco-Machu Picchu, siendo una concesión sobre la vía, similar a las

concesiones de carreteras.

Al mismo tiempo, el Estado ordenó al concesionario que constituyera una

empresa de igual accionariado para que actúe como operador ferroviario, lo

que da lugar a PeruRail S.A., para realizar el transporte de turistas a Machu

Picchu con trenes de nivel europeo; todo ello con una inversión de 300 millones

de dólares, si se incluyen las inversiones hoteleras del consorcio. Todo ello fue

recogido en contratos-ley que entonces daban absoluta seguridad

constitucional a los inversionistas de gran envergadura, es decir que los

términos pactados, que implicaban la seguridad jurídica para Ferrocarril

Trasandino, estaban garantizados. Sin embargo, en junio del 2007, el Ministerio

de Transportes de la cuestionada ex ministra Verónica Zavala y Cía., extendió

un permiso para operar la ruta Cusco-Machu Picchu a la compañía Andean

Railways Corp., el cual fue declarado nulo el 13 de agosto del mismo año, por

no cumplir los requisitos legales establecidos, ya que la empresa no había

presentado los estados financieros auditados de los últimos cinco años ni el

certificado de la autoridad competente de su país de origen, Estados Unidos.

Extrañamente, apenas en 15 días el reglamento que establecía esos requisitos

fue modificado mediante un decreto supremo del mismo ministerio, que eliminó

las exigencias del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, dejando a éste sin

aspectos fundamentales para garantizar la idoneidad del servicio. También

para facilitar las cosas a las dos empresas -carentes de experiencia, aval

sólido, especialización y solvencia-, Ositran redujo el monto de los seguros

exigible a los operadores ferroviarios, de cinco millones a sólo un millón, por

daños y perjuicios a terceros, y de 10 a dos millones contra todo riesgo de

destrucción parcial de la infraestructura ferroviaria.

En la medida que el concesionario original es contractualmente responsable

solidario por los daños que los operadores causen a terceros, y al ver

vulnerados sus derechos constitucionales, Peruval, dueño del 50% de las

acciones del concesionario, interpuso una acción de amparo contra el

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando la inaplicación del

decreto modificatorio del reglamento ferroviario, que el juez de primera

instancia de Wanchaq, Cusco, acción de amparo que fue declarada consentida

en noviembre de 2008, sin haber sido apelada por el Ministerio de Transportes

dentro del plazo de ley, con lo que el asunto quedó en calidad de cosa juzgada.

Pese a ello, el entonces inefable viceministro del MTC Puga, sin tener

representación legal alguna y cuando estaba a punto de abandonar el cargo,

presentó un recurso de apelación que el juzgado declaró improcedente e

infundado, y posteriormente presentó un recurso de queja ante la Corte

Superior del Cusco, que, violando el principio de cosa juzgada, declaró

improcedente la acción de amparo de Peruval, que apeló posteriormente al

Tribunal Constitucional. Paralelamente, Peruval ha denunciado penalmente por

usurpación de funciones y fraude procesal al ex viceministro Puga, por haber

interpuesto un recurso de apelación sin tener la representación del ministerio,

con el fin ilícito de reabrir un proceso de amparo terminado y en plena

ejecución.

Abogados consultados sobre el tema, dijeron que el caso puede ameritar

además otra denuncia por el delito de colusión desleal, al haber serios indicios

planteados por la sospechosa e injustificada modificación ad-hoc del

reglamento ferroviario y la celeridad del mismo. Otra denuncia ha sido

presentada contra los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Superior

del Cusco, por prevaricato, por haberse prestado al "faenón" al declarar

infundada la demanda de Peruval, cuando la sentencia que la amparaba ya era

cosa juzgada. En buena cuenta, este es el primer caso que se conoce de

criminalidad estatal en la cual se utilizan los reglamentos como instrumentos

criminales, lo que generaría que la modificación del reglamento y los permisos

obtenidos indebidamente sean nulos y por tanto carezcan de todo valor legal.

Las empresas beneficiadas

Las nuevas empresas favorecidas para brindar el servicio Cusco-Machu Picchu

son Andean Railways Corp. e Inka Rail, que según expertos en la materia no

tienen la calificación necesaria para dedicarse a ello. Andean Railways Corp.

basa su experiencia en la de la empresa Iowa Pacific Holding (IPH), pero este

es un grupo de cinco empresas dedicadas al transporte de mineral y carga

diversa y tres compañías dedicadas a excursiones de fin de semana, en un

total de vías férreas de 797 kilómetros, frente a más de ocho mil kilómetros en

los que opera, con servicio de pasajeros, Orient Express. Inka Rail basa su

experiencia en la operación del TURISTREN de Bogotá, tren de 14 vagones de

locomotoras antiguas, que opera en menos de 100 kilómetros de rieles, con

locomotoras antiguas, los fines de semana. Tu ha sido creada en el año 2008:

no tiene los 5 años que el Reglamento Nacional de Ferrocarriles.

Una verdadera cadena de juicios que dicen mucho de sus cualidades éticas,

enfrenta el ex viceministro de transportes y comunicaciones, Carlos Puga

Pomareda, que ocupó ese importante cargo y actuó con parcialidad y celeridad

sospechosa en el caso de las facilidades para dos nuevas operadoras del

servicio ferroviario Cusco-Machu Picchu, bajo la excusa de "permitir la libre

competencia". Lo cual estaría bien pero cumpliendo los requisitos exigidos por

ley y las normas técnicas mínimas de seguridad. Incluso Puga arrastra un triste

récord de acusaciones que se estudian mayormente en el fuero penal y que

van desde concusión hasta delitos contra la administración de justicia y que se

ventilan en diversas fiscalías del ministerio público. Pese a que el cuestionado

ex funcionario tenía en su haber serias denuncias desde cuando fue gerente de

finanzas del ex Instituto Peruano de Seguridad Social-Ipss, fue nombrado vice

ministro por la ex ministra Verónica Zavala. Precisamente en uno de los juicios

EsSalud lo acusa de colusión ilegal.

Pero para los stándares turbios de Zavala y Cía, Puga reunía los requisitos

idóneos: asimismo en la 17 fiscalía provincial en lo penal se ve el caso que

involucra a Puga Pomareda en apropiación ilícita y abuso de autoridad en

perjuicio de Luis Rojas Arce. Tanto en la 39 fiscalía como en la 37 fiscalía

especializada, los asegurados del seguro social, la empresa Sistemas de

Identificación S.A. entre otros, lo acusan de estafa, abuso de autoridad,

concusión, delitos contra la fe pública y abuso de autoridad. Como si fuera

poco, Puga junto a otros implicados han sido denunciados por el Banco de

Comercio por los delitos de estafa, desobediencia y resistencia a orden oficial y

falsedad genérica, el caso se ve en la 10º fiscalía provincial penal. También

representantes del Estado, al que sirvió como directivo del Seguro Social y en

el Ministerio de Transportes, lo acusan por abuso de autoridad, falsa denuncia,

delito contra la administración pública y apropiación o utilización de caudales.

Los tentáculos de FCCA

El grafico adjunto forma parte del expediente presentado por Andean Railways

el día 12 de abril de 2007, en donde solicitan al Ministerio de Transportes y

Comunicaciones permiso de operaciones de eficacia restringida (requisito para

operar que el Reglamento Nacional Ferroviario - RNF exige) para prestar

servicios de transporte de carga y pasajeros. En dicho expediente, la empresa

ARC presenta como material rodante que prestará servicios de transporte

ferroviario una "Locomotora Diesel Eléctrica para línea principal servicio

mixto..." que tiene como logo las iniciales de "FCCA" material rodante que

coincide exactamente con el material rodante concesionado por el Estado a

Ferrocarril Central Andino S.A. ("FCCA"). Esto es causal de caducidad de

contrato para FCCA y/o nulidad de permiso de operación de ARC, que debió

sancionar el MTC.

En la misma solicitud, Andean Railways presentó como personal clave para

dirigir la operación en Perú al Sr. Jack Roberson quien en esas fechas fungía

como Director Titular de Ferrovias Central Andina -"FVCA"- (Partida Registral

Nº 11120812) y de Ferrocarril Central Andino (Partida Registral Nº 11120796),

tal como lo demuestran los Asientos Regístrales B0006 y B0007 de la Oficina

de Registros Públicos; y es recién el día 19 de Junio de 2007 cuando fue

inscrita su remoción como Director Titular de FVCA que "deja de pertenecer

registralmente" a dichas empresas. Esto es causal de caducidad de contrato

para FCCA y/o nulidad de permiso de operación de ARC, que debió sancionar

el MTC.

Lo señalado líneas arriba evidencia una vinculación entre Andean Railways

SAC y el Ferrocarril Central, lo que se encuentra prohibido en el contrato de

Concesión, que impide que un Concesionario pueda participar directa o

indirectamente a través de sus socios, accionistas, participacionistas, en mas

de un Operador de Servicios de Transporte Ferroviario y que impide que se le

otorgue un permiso a Andean Railways SAC. Situación que se agrava más

cuando el MTC le solicita a ARC una Declaración Jurada de no tener vínculos

con ningún operador peruano y ésta presenta una, asegurando no tenerlos.

Pero el vínculo no termina ahí, José Daniel Amado presidente ejecutivo de

Andean Railways (cuyo paso y salida del estudio Echecopar es muy recordado

por todos) es concuñado de Juan de Dios Olaechea, Presidente del FCCA,

pues ambos se encuentran casados con hermanas De Romaña. Pero la familia

no solo se vincula empresarialmente, pues parecía extraño que tanto Andean

Railways como FCCA tuvieran prácticamente tribuna libre en el programa "La

Hora N" de Jaime de Althaus, y ahora ya entendemos por que: el yerno de

Jaime trabaja en el Estudio de Amado.

Las maquinaciones de la tecnocracia "Pro-inversión" en el Perú

Diversos análisis e investigaciones indican que la cofradía de tecnócratas que

el gobierno de Alan García reclutó - y en algunos casos consintió heredar-, han

tenido resultados calamitosos o en el mejor de los casos plenamente

investigables. La primera en la tristemente célebre lista de tecnócratas "proinversión

y libre mercado" es Verónica Zavala Lombardi, quien como Ministra

de Transportes (MTC), con abuso de autoridad y en una clara política de

favorecer el monopolio aéreo, desapareció a una empresa de aviación peruana

del mercado regular.

Según el presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo (IPDA), doctor

Julián Palacín Fernández, lo grave es que desde que asumió la ministra de

Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala en julio del 2006, se

implementó una serie de acciones concretas para cerrar las empresas de

transporte aéreo regular nacional, capital 100% peruano y éste es el caso de

Aerocóndor a quien el Viceministro Carlos Puga en una acción inusual le

paralizó la empresa y en otros casos por acción de la misma ministra Verónica

Zavala la sacaron del mercado regular dejando sin los servicios de esta

aerolínea a Iquitos, Tumbes, Talara, Piura, Cajamarca, Trujillo, Pucallpa,

Puerto Maldonado, Cusco, Andahuaylas, Juliaca, Tacna, Arequipa y Ayacucho.

A propósito, se tiene información que el viceministro Puga, habría ordenando

realizar los mismos procedimientos para afectar a Star-Perú y de ese modo con

la desaparición de esta aerolínea que tiene 100% de capital peruano, Lan-Chile

a través de su sucursal Lan-Perú se quedaría con la mayoría del mercado

doméstico peruano y podría cobrar las tarifas cuasi monopólicas más altas de

las que actualmente cobra por la coyuntura aero-política, que padece el pueblo

peruano y que fue responsabilidad de la ex ministra Verónica Zavala.

Se esperó ingenuamente que el fallido premier Yehude Simon, tomara en

cuenta que Verónica Zavala y Carlos Puga eran responsables que en el sector

aéreo 700 familias peruanas de la compañía de aviación Aerocóndor se hayan

quedado sin sus puestos de trabajo y que ésta línea aérea tuviera que ingresar

a INDECOPI por la campaña que se gestó desde el MTC, además de las

instrucciones que se dieron desde el más alto nivel para destrozar a esta

empresa que venía sirviendo durante 33 años con honestidad, regularidad y

eficiencia en el mercado aerocomercial peruano. Por ello, el mercado de

transporte aéreo nacional se ha convertido en un cuasi-monopolio de la

empresa Lan-Chile que opera a través de Lan-Perú en el mercado nacional.

Pero ya se debería haber tenido prevenciones con el accionar de Zavala, pues

su pasado siempre la perseguirá: Zavala "ostenta" el favorecimiento de

innumerables intereses ajenos a la nación, además de haber sido convocada

sabiéndose que ella había depositado 5 millones de dólares del Estado cuando

era funcionaria del FONAFE (2001) en el Banco NBK, el mismo banco que

luego quebraría, caso por el cual Zavala quedaría impune (hasta ahora), y muy

al contrario fue premiada dos veces por Alan García Pérez.

La negra historia de los US$ 5 millones

No sólo acostumbra hacerse la que no conoce de los asuntos o se desentiende

con facilidad desopilante la ex ministra de Transportes Verónica Zavala,

también había sido muy "dadivosa" con dinero del Estado, es decir, de todos

los peruanos. Por ejemplo, cuando era funcionaria de FONAFE hizo un

depósito de US$ 5 millones de dólares en un banco que luego quebró. No es

posible que pícaros aprovechen de la tarima episódica que da el gobierno, para

hacer de las suyas. Y, lo que es peor, bajo la premisa errónea que no va a

pasarles nada. Un documento reservado de la Contraloría General de la

República y del que no se sabe si pasó a la Fiscalía de la Nación y si se

denunció penalmente a la ministra Verónica Zavala, da cuenta in extenso de

una maniobra que fue encontrada irregular. Leamos, partes del este documento

oficial suscrito por Samuel Torres Benavides Gerente Central de Asesoría

Legal Contraloría General de la República:

"Para: Genaro Matute Mejía; Contralor General de la República. Asunto:

Atingencias a Informe de Control. Participación de funcionarias del FONAFE en

ilegal depósito de fondos en el NBK Bank. Fecha: 9-4-2002". 1) El Informe

Especial producto del Examen Especial practicado al Fondo Nacional de

Financiamiento Empresarial del Estado, FONAFE en cumplimiento del Plan

Anual de Control 2001 de la Gerencia de Presupuesto y Cuenta General,

encontró irregular el depósito de US$ 5 000 000.00, efectuado por la Directora

Ejecutiva del FONAFE y ex Secretaria Técnica del Comité Especial constituido

por el Decreto de Urgencia No. 052-98, Verónica Zavala Lombardi y la Gerente

Legal del FONAFE, Mónica Byrne Santa María, mediante Oficio No. 2296-

2000-FONAFE de fecha 17-11-2000 en el NBK Bank entidad bancaria que

posteriormente fue intervenida por Resolución de la Superintendencia de

Banca y Seguros".

Y prosigue el documento incriminatorio:

" ... La comisión auditora encontró responsabilidad penal por estos hechos en

el ex ministro de Economía y Finanzas y ex presidente del Directorio de

FONAFE, Carlos Boloña Behr, en la ex Directora Ejecutiva del FONAFE y

Secretaría Técnica del Comité Especial (Decreto de Urgencia No. 052-98),

Verónica Zavala Lombardi y la Gerenta Legal del FONAFE, Mónica Byrne

Santa María, atribuyendo en su conducta la existencia de indicios razonables

de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad en la modalidad de

Omisión de Funciones tipificado en el artículo 377º del Código Penal y

Corrupción de Funcionarios en la modalidad de Negociación Incompatible con

el cargo, tipificado en el artículo 397º del Código Penal..."

Otras investigaciones alertaban que Zavala siempre amparó a los grupos de

poder que ansían los terrenos aledaños al aeropuerto Jorge Chávez; tampoco

es desconocido que la ministra en mención ha favorecido múltiples obstáculos

para que no se construya la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge

Chávez; bueno es recordar que Verónica Zavala también es acusada de

permitir la escandalosa sobrevaluación de las mangas de LAP por la jugosa

suma de US $ 300 mil dólares.

Récord de Zavala: ¿Tolerancia con los 3 mil 500 muertos en las

carreteras?

Otro "récord" en el currículum de Verónica Zavala son los más de 3 mil

quinientos muertos en las carreteras del país durante su nefasta gestión en que

se le encargó el programa "Tolerancia Cero" para disminuir la espantosa

escalada de muertes y accidentes en las carreteras del Perú. Por culpa de una

ministra de transportes que al parecer solamente ocupó dicha cartera para

hacer 'negocios' y para favorecer cual celosa guardiana los intereses de

poderosos y voraces grupos de poder como es el caso de la aseguradoras

chilenas y pro-chilenas que no pierden el paso ni el apetito en materia de

Seguros de Accidentes de Tránsito, tal como lo ha denunciado la empresa

peruana más exitosa en materia de Seguros de Accidentes de Tránsito como

es la ANFOCAT (Asociación Nacional de Fondos Contra Accidentes de

Tránsito).

Sin duda esto se debió a la ineptitud de una Ministra y Viceministro del MTC, a

los cuales les ha quedado grande el MTC, aunque no les faltó decisión, maña y

tiempo para beneficiar a unos privilegiados: Lan-Chile y Lan-Perú, mientras

perjudicaron a otros como Aerocóndor. Peor aún, se firmó un convenio

aerocomercial con Chile sin reciprocidad - tal como lo demostró el presidente

del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, quien cuando se desempeñó en la

presidencia de la Comisión Consultiva de Derecho Aeronáutico del Colegio de

Abogados de Lima tuvo que emitir un informe donde se prueba que no sólo el

viceministro Carlos Puga no le cobró las compensaciones económicas a Lan-

Chile que tenían derecho a cobrar el Perú, sino que le otorgaron el mercado

norteamericano a cambio de visitar pingüinos en el Polo Sur.

Lo curioso es que el gobierno chileno si le cobró a Lan-Chile en la licitación de

rutas peruanas que dadivosamente (¿o corruptamente?) el Viceministro de

Transportes Carlos Puga, les otorgó, en un convenio aerocomercial que es tan

escandaloso como los "petro-audios", pero que extrañamente todo el mundo ha

guardado silencio a excepción de la entonces Presidenta de la Comisión de

Defensa del Congreso Mercedes Cabanillas, quien pidió un informe, pero

lamentablemente ahí quedó todo.

Lo cierto es, que en dicho instrumento bilateral, desaparece el principio de

reciprocidad y el Perú le otorga a Chile en quintas libertades el mercado

norteamericano, que en venta de billetes de pasajes significa unos US$ 400

millones de dólares anuales aproximadamente, a favor de la economía chilena

y para el Perú a cambio de este mercado le otorgan el Polo Sur y la Isla de

Pascua, que en venta de pasajes aéreos significan US$ 0.00 dólares anuales,

es decir absolutamente nada. Si el Perú no le hubiera otorgado estas quintas

libertades a Chile, el mercado a Estados Unidos hubiera tenido que ser

atendido por la filial de Lan-Chile en el Perú, en este caso la empresa de

aviación Lan-Perú, lo que hubiera significado más rentas para esta empresa de

aviación y para el Estado peruano y más trabajo para las tripulaciones

peruanas.

Las rutas a Estados Unidos, que regaló Verónica Zavala y Carlos Puga a Chile

fueron licitadas por la Junta Aeronáutica Civil de Chile, quien le cobró a Lan-

Chile cifras económicas importantes para el tesoro de Chile. En el Perú, la Ley

27261 establece el mecanismo del pago de compensaciones económicas, a

favor del Estado peruano en los supuestos del ejercicio de derechos

aerocomerciales de líneas aéreas en rutas en las que no hay reciprocidad, es

decir, si el negociador Carlos Puga hubiera defendido los intereses nacionales,

no se habría prestado a firmar convenio aéreo alguno y mantener el status quo

de la simple reciprocidad y exigirle a Lan-Chile unos diez millones de dólares

anuales por el uso de las rutas en quintas libertades a los Estados Unidos.

Con diez millones de dólares el Estado peruano pudo fundar una Escuela de

Aviación Civil, en cada una de las regiones del Perú y comprar 50 aeronaves

Cessna 172 para entrenamientos de sus pilotos. Cabe agregar que existe

responsabilidad constitucional de la ex Ministra Zavala, porque igualmente

permitió - violando las leyes de migración del Perú-, que pilotos pertenecientes

a la Fuerza Aérea chilena, volaran clandestinamente sin carnet de extranjería

en las aeronaves de Lan-Perú, lo que es un atentado contra la Seguridad y la

Defensa Nacional del Perú, es por eso que muchos consideran que el

Congreso de la República del Perú debe comenzar a estudiar una denuncia

constitucional que inhabilite por 10 años a la ex Ministra Zavala y al ex

Viceministro de Transportes para el ejercicio de cargos públicos en el Perú.

Urge profundizar las Investigaciones

La defensa de los intereses del Perú en este tema, merece pesquisas más

serias -tal vez en un nuevo Congreso- que logre la sanción de quienes

actuaron a espaldas de los intereses nacionales. Algunos ingenuos pidieron

que el Primer Ministro Yehude Simon le permita al Instituto Peruano de Derecho

Aéreo realizar una exposición sobre la grave crisis de la aviación civil y sobre el

aislamiento aerocomercial de las Regiones para que se encuentren los

caminos que permitan que salgan del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones los funcionarios responsables por acción y omisión de haberle

hecho tanto daño al Perú y de haber dejado en la calle a tantas familias

peruanas.

Y aunque Verónica Zavala salió del MTC (donde estuvo desde el 28/07/2006

hasta el 29/11/2008), no sólo no fue investigada rigurosamente para una

posible sanción, sino que fue premiada como "Directora por el Perú en el BID"

con sede en Washington, D.C., y por un período de tres años. Tampoco se

propusieron nuevas políticas para que el Perú recupere el espacio y tiempo

perdido a fin que el transporte aéreo pueda ser un instrumento eficaz de

integración, turismo y comercio entre los pueblos y regiones. Toda vez que

gracias a la "política aerocomercial" perpetrada por Zavala y sus compinches,

el Perú, aerocomercialmente hablando, no ejerce soberanía aérea sobre su

espacio aéreo y está desapareciendo lo último que le queda de la industria

aérea nacional, porque además Verónica Zavala hizo todo lo posible para que

desaparezca de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el

taller aeronáutico más importante de América del Sur: Aeroinversiones.

Cuando lo que se debió hacer es llamar a los empresarios aerocomerciales

100% peruanos o con socios extranjeros que inviertan con solvencia y visión de

largo plazo. Dándoles garantías de que no van a haber represalias contra sus

empresas ni cambio en las reglas de juego empresarial y el marco jurídico

vigente, permitiendo que expongan todas las irregularidades que se han

gestado en el MTC desde que puso el pie en este sector Carlos Puga

Pomareda, ya que diversos empresarios están aterrorizados con la represión

implementada por la funesta gestión Zavala, que ni siquiera la vivieron en el

gobierno militar de Velasco Alvarado, mientras un Congreso anodino no

investiga nada porque a espaldas de los grandes intereses nacionales se ha

permitido que los intereses chilenos se apoderen de los cielos del Perú, por

ejemplo.

Los "PPK Boys" y "PPK Girls"

A esta altura es pertinente remarcar que Verónica Zavala pertenece a una

especie de cofradía tecnócrata de derecha, a quienes ya denominan los "PPK

Boys", y "PPK Girls" por ser protegidos/as de Pedro Pablo Kuczynski Godard,

quien ocupó varias veces el cargo de Ministro de Economía y Finanzas, así

como presidió el Consejo de Ministros desde el 16/08/2005 hasta el

28/07/2006. PPK ha laborado para el sector privado en diversas partes del

mundo por más de 25 años y es un activo conferencista universitario, promotor

del desarrollo y la lucha contra la pobreza, por lo que se le reconoce también

como un líder empresarial y técnico. Es un asiduo concurrente de foros tanto

en el Perú como en el extranjero en estos temas. Actualmente trabaja en su

ONG "Agua Limpia", entidad sin fines de lucro destinada a apoyar a los

gobiernos de zonas rurales. El objetivo de esta institución es organizar y

financiar proyectos de agua potable y alcantarillado para las comunidades más

pobres del Perú. "Agua Limpia" ejecuta decenas de proyectos en las regiones

de Ancash, Arequipa y La Libertad, entre otras.

Realmente PPK es el protector de Verónica Zavala y su hermano Fernando

Zavala, Cecilia Blume, Luis Carranza, Marisol Guiulfo, Fritz Du Bois y su

esposa Cayetana Aljovín, entre otros del mismo pelaje. Y en cuanto a esta

última, habiendo sido la ex viceministra de Telecomunicación del MTC de

Verónica Zavala, Cayetana Aljovín es muy cuestionada por "controvertidos"

procesos de concesión en la Agencia de Promoción Privada (Pro-Inversión), lo

que podría originar la fuga de inversiones que se requieren en el actual

momento en que la economía nacional debe afianzarse para enfrentar la crisis

económica internacional.

Cayetana Aljovín es criticada por la concesión de la planta de tratamiento de

aguas residuales (PTAR) Taboada, por los proyectos azucareros, y por la

concesión del Aeródromo de Collique, a la par, su gestión está acompañada de

movilizaciones en Chiclayo -tras el proceso de venta de las acciones del

Estado en Pomalca- y en Piura por la concesión del puerto de Paita. Debido a

ello y por mucho más, en el 2011 se tendrá que agendar en el nuevo Congreso

de la República del Perú una investigación estricta contra Verónica Zavala

Lombardi, por su presunta responsabilidad constitucional en la firma del

convenio aéreo Perú-Chile de 2007, en donde hubo graves irregularidades en

agravio del Estado Peruano, y en el caso de Cayetana Aljovín, su paso por Pro-

Inversión estaría plagado de desaciertos que le estarían causando graves

daños al Estado Peruano.

¿Las gatas de despenseras?

Pero hay más de estas "PPK Girls": el colapso telefónico durante el terremoto

de Ica el pasado 15 de agosto del 2007, que dejó incomunicado incluso al

presidente de la República frente a sus ministros y el resto del Estado,

haciendo que emita un discurso a la Nación erróneo donde afirmó que no había

sido cruento el terremoto de Pisco, por ejemplo. Esta situación lamentable

encontró a algunos de sus responsables. Y es que -por la arrolladora presión e

indignación ciudadana- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

emitió en setiembre del 2007, un informe técnico según el cual existe

responsabilidad de las empresas Telefónica Móviles y Nextel del Perú, pues la

infraestructura de estas compañías no cumplían con la calidad requerida, razón

por la cual resultó insuficiente para atender la gran cantidad de llamadas que

se produjeron luego del sismo.

Según informó la entonces titular del sector, Verónica Zavala, la auditoría

técnica (sospechosamente tardía), realizada por la Dirección General de

Control y Supervisión de Comunicaciones, concluyó que las dos empresas en

mención incumplieron con desplegar una red para mantener la calidad de

servicio en situaciones de alta congestión como la ocurrida tras el movimiento

telúrico. "En concreto, la calidad del servicio que prestan estas empresas, antes

de producido el sismo de agosto último, ya se encontraba debajo de los

parámetros permitidos", tuvo que indicar Zavala. E intentando eludir su

responsabilidad política, expresó que el informe sería remitido al Organismo

Supervisor de Inversión Privada en Telefonía (Osiptel) para que aplique la

sanción respectiva a estas dos empresas.

Respecto a este caso, se sabe que con el concurso de especialistas de la

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y del Colegio de Ingenieros, -lo cual

le da una contundencia técnica-, Telefónica Móviles presentó problemas en el

despliegue de su servicio, así como en sus centrales y en la utilización de

canales, lo que provocó que disminuya la calidad del servicio. En el caso de

Nextel del Perú, se encontró deficiencias en el máximo uso de su central, la

cual al estar al borde de lo internacionalmente permitido, fue posible que se

produjera un colapso del servicio.

Y aunque en el nada confiable desempeño del MTC con Zavala y sus

herederos, una inspección técnica no encontró indicios de deficiencias en los

operadores de telefonía fija Telefónica del Perú y Telmex, ni en la empresa de

servicios móviles América Móviles (Claro). Expertos advierten que "Si todos los

usuarios del servicio prepago tuvieran saldo para hacer llamadas, el sistema de

esta empresa no estaría en condiciones de garantizar una prestación continua

del servicio a todos sus usuarios".

Sobre el particular, se debe recordar que por entonces, los legisladores de

Alianza Parlamentaria (AP) Yonhy Lescano, Carlos Bruce y Víctor Andrés

García Belaunde declararon que el Congreso debería investigar a Telefónica,

luego de que un diario de circulación nacional como La Primera diera a conocer

tres documentos que revelaban que la empresa no tenía ningún plan de

emergencia inmediato tras el terremoto del 15 de agosto del 2007. Según esos

documentos -tres cartas enviadas por Telefónica al Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (MTC)- únicamente dos días después del terremoto la

compañía se puso a disposición del MTC y le pidió instrucciones para

solucionar el colapso de la red.

Más aún, el MTC recibió las cartas recién el 20 de agosto del 2007, cinco días

después de la tragedia. De modo que lo que aseguró Telefónica en sus avisos

publicitarios, haber resuelto "de inmediato" el colapso, quedaría desacreditado.

Por ello, los congresistas se pronunciaron de inmediato. Yonhy Lescano dijo

que los documentos demuestran que "realmente Telefónica no tenía un plan de

emergencia, incumpliendo una vez más el contrato". "Esto debieron verlo en

1994, cuando se firmó el contrato. Aquí hay una grave responsabilidad del

Estado y de Telefónica que debe ser investigado por el Congreso, y si se

comprueba que en sus comunicados mintió, se puede hasta resolver el

contrato y ponerles una fuerte sanción económica". Además Lescano precisó

que tanto Verónica Zavala como su viceministra Cayetana Aljovín "son voceras

y defensoras de las empresas de telefonía. Aljovín fue funcionaria de Bellsouth,

hoy Movistar. Su esposo Fritz Du Bois es asesor del vicepresidente de

Telefónica, son gente vinculada a esta empresa no idóneas para el cargo".

El esposo escribidor: Fritz Du Bois

"Me hacía lavarle los pies", dice el titular de Perú 21 aludiendo a la denuncia de

María Elena Medianero en contra de la energúmena congresista Rosario

Sasieta. ¿Venderá ese titular? Es casi imposible, toda vez que titulares

similares ya se han ensayado decenas de veces en ese periódico, y Perú 21

sigue siendo, desde que llegó el nuevo "seudo periodista-director" Fritz Du Bois

a su dirección, la "pata coja" del grupo multimedia "El Comercio". Muchos dicen

que ese es el problema de sacar a un periodista para meter a un entumecido

caballero que se hace pasar por economista cuando su verdadera profesión es

lobbista.

Sí, porque el lobbismo, que en el Perú mayormente es sinónimo de tráfico de

influencias, soborno y "aceitada" de funcionarios (Rómulo León y Químper

dixit), es toda una profesión para Du Bois, que fue asesor de Carlitos Bologna

(nada menos), lobbista de éxito de cuanta empresa le pagara en procura de

una canonjía y franelero friedmanita desde su autodenominado Instituto

Peruano de Economía (IPE), es, desde esa perspectiva, un doctor y todo un

maestro. Y sus hazañas financieras están registradas en notarías y bufetes.

Fritz Du Bois y Cayetana Aljovín -quienes se conocieron en el despacho de un

Ministro de Economía en los '90-, tienen un maestro y guía difícil de olvidar por

los videos en la salita del SIN donde se complotaba con Montesinos para dar

un golpe, nada menos que contra su jefe mayor: Fujimori, a fin de colocar a

Carlos Boloña como presidente de facto. Aunque ya antes en un claro conflicto

de intereses y descaro, Boloña y su corte (donde estaba Fritz Du Bois), pasó

de promover como ministro de Economía el sistema de AFP's a dirigir una AFP

él mismo, con el agravante de que dicho sistema ahora se ha mostrado como

muy rentable para los empresarios que lo manejan y sumamente injusto para

los trabajadores más débiles y pobres. Pero con piel de camaleón, hoy en día

chequera en mano, Du Bois es alanista acérrimo y forma parte del círculo del

poder mediático que Alan García convoca cuando está en dificultades.

"Me hacía lavarle los pies" es un titular que parece dictado por Judas Iscariote.

Pero sólo lo parece. En realidad, es un intento desesperado de vender un poco

más en una calle tan dura y con lectores tan renuentes. Pero ese periodismo

de las declaraciones y las comillas es el que hacen los becarios y los meritorios

en las radios más tugurizadas del dial. Es la banalización extrema del

periodismo. O sea que mañana sale cualquier anónima a decir que Du Bois le

cortaba las uñas a su ex jefe Boloña al que sirvió, y un "diario de circulación

nacional" enemigo se sentirá con el derecho de citar esa afirmación sin

pruebas, como si de una verdad demostrada se tratara.

El problema de Du Bois, es que es tan periodista como economista. Es decir,

nada, porque él es un abogado que no ejerce y un perito en enjuagues que sí

ejerce y un caballero tan conservador que le echaría preservante a las

tradiciones (las de Palma y compañía) para que nunca se pudrieran. Eso sí:

nadie puede negarle prontitud para el olfato. Hace unos meses, cuando el

general Edwin Donayre parecía un candidato y no un adefesio, dijo poco

menos que el tal uniformado era un héroe. No fuera a ser que por allí hubiera

un camino a seguir. Y Álvaro Portales puede dar fe, con sus viñetas

censuradas en Perú 21, de la "amplitud de mente" de este Du Bois que no sabe

que está allí tan sólo porque Paco Miró Quesada, que no lo aprecia nada,

carece de la fuerza accionaria para darle una patada en el trasero, ya que en

grupo El Comercio también pesan sus intereses empresariales en el sector

construcción dentro de un país cuyo Estado/gobierno tiene dinero de sobra

para construir, justo cuando Du Bois y su esposa Cayetana, están metidos de

patas y picos en dicho gobierno.

El escándalo de Governa SAC y la frustrada Contralora

Otra prueba de lo torcido que actúan estos muchachos y muchachas de PPK:

El recién nombrado (30/12/2008), secretario de descentralización de la

Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina, ocupaba hasta antes de su

designación el cargo de director de la empresa consultora Governa SAC,

especializada en asesorar a entidades del Estado en asuntos de gestión

pública. Incluso luego Molina, fue designado representante de la PCM, ante el

consejo directivo del Fondo de Promoción a la Inversión Pública y Regional

(Foniprel), encargado de dictar la política de administración del fondo y de

vigilar que los recursos sean destinados a los fines establecidos.

La mención de la empresa consultora Governa SAC no tendría demasiada

trascendencia si la candidata de fuerza para el cargo de Contralor General de

la República, Mayen Ugarte Vásquez Solís, incluida por "invitación" de la propia

comisión evaluadora y escogida para la terna final por ellos mismos, fue

directora gerente de Governa. O sea que Governa nos quería gobernar por

partida doble, dentro y fuera del Estado. Y, aquí lo más curioso, es que Yehude

Simon quizo que le creamos que él no tuvo nada que ver en la inclusión de

Mayen Ugarte Vásquez en un concurso en el que ella aparentemente no

solicitó participar.

¿Qué clase de complot hubo para que con el argumento de las calificaciones

académicas y laborales se arme un perfil y una idea "moderna" del cargo que

encaja como un guante en esta señora? Tal vez la respuesta esté en una

mayor exploración sobre lo que significa la consultora indicada. Ohhh...

sorpresa, en el currículum de Verónica Zavala figura la siguiente referencia:

Consultora de Governa, empresa especializada en gestión y políticas públicas.

Ha realizado consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco

Mundial, Mincetur, Proinversión y otras entidades del sector público y privado

en materia de reorganización del Estado, descentralización, competitividad,

entre otros.

En el mismo año 2002 en que se funda Governa SAC, Verónica Zavala y

Mayen Ugarte trabajaban en cargos de alta dirección en la PCM, antes que

decidieran la fundación de la empresa de la que quedaría encargada la

segunda, mientras que Zavala hacía algunos trabajos antes de volver a la

administración estatal. Lo que ofrece Governa es un programa de estudios para

funcionarios de las municipalidades implicadas con un diploma que

supuestamente los califica para una mejor gestión. Para dictar sus cursos

subcontrata con una institución educativa que pueda certificar lo impartido.

En su convenio inicial, el acuerdo era con la Universidad San Martín y la

Escuela de Gobierno por la que pasó Alan García. Pero luego cambiaron la

partitura y entregaron la responsabilidad al Instituto Continental, que es de

propiedad de una alta funcionaria de la propia Governa. El Instituto Continental,

según las referencias, es una entidad de medio pelo, sin plana docente para la

tarea, pero que se ha visto beneficiada por intervención de la empresa

consultora a pesar de la oposición de las municipalidades.

Analizando el caso: primero, es evidente que cualquiera no se convierte en

intermediario de Antamina para la ejecución de los proyectos a través de los

cuales entrega sus aportes. De hecho en la nómina de la empresa figuran

contratantes notables como Apoyo Consultores, ADRA y CARE (agencias

evangélicas), Agua Limpia (ONG de PPK) y otras; los municipios distritales y

provinciales deben aceptar estos socios de confianza de la minera; Governa

puede decidir trabajar por mayor precio y menor calidad con sus amigos. La

pregunta que viene es la siguiente: ¿debe la Contraloría investigar y

pronunciarse sobre la forma cómo se emplean estos supuestos aportes, que

sustituyen los impuestos por ganancias excesivas y en los que están

interviniendo autoridades del Estado a nivel regional y local, por cantidades

considerables? Si la respuesta, como es obvio, resulta positiva la pregunta que

viene a continuación es ¿si la directora gerente de Governa hubiera llegado a

ser contralora, podría intervenir en este caso y por ejemplo sancionar a su

propia empresa por subcontratar a una entidad de capacitación que no brinda

las debidas garantías?.

Richard Webb ha confesado que los miembros de la comisión conocían y

confiaban en algunos de sus candidatos seleccionados. Y no iba a ser. En el

manual 2008 de "Buenas Prácticas Gubernamentales" que la ONG

"Ciudadanos Al Día" de Beatriz Boza realiza por contrato con el Estado y que

lleva como subtítulo "Directorio de la tecnocracia", figura como miembro del

jurado calificador el señor Webb, y como parte del equipo técnico Mayen

Ugarte, junto con Cecilia Blume, Elena Conterno y otros. Es sólo un ejemplo de

cómo se cruzan las vidas de estas personas. Súmenle lo ya señalado sobre la

Zavala y el inocente Simon trayéndose un director de Governa, sin contar otras

relaciones con la Universidad Católica, el Instituto de Estudios Peruanos, etc.,

que refuerzan la impresión que Mayen fue más que afortunada porque le

hicieron una comisión en la que todos querían que ella fuera la contralora.

En el currículum de Mayen Ugarte Vásquez Solís (no el presentado a la

comisión Webb sino el de la Universidad de Ciencias Aplicadas) figura un

curioso dato sobre la experiencia de la señora: Miembro del Comité de

Concesión para la Privatización del Aeropuerto (1997); Miembro del directorio

de CORPAC. Las cosas que doña Mayen debe saber acerca de cómo se

decidió poner en concesión el primer terminal aéreo del Perú porque

supuestamente no había el dinero para comprar los terrenos y construir la

nueva pista de aterrizaje, y la manera como finalmente se retiró esta exigencia

de las bases para convertir la actual concesión en un fabuloso regalo ya que

por algunas obras de remodelación se entregó la administración de una fuente

continua de ingresos a un grupo privado extranjero, sin ningún beneficio para el

país, afectando además el control soberano sobre las entradas y salidas al

territorio nacional.

Justamente debería ser la Contraloría la que revise los contratos de

privatización de la época de los ‘90 y los posibles actos de corrupción que hubo

alrededor de ellos. Pero eso no puede hacerlo una privatizadora, que el 2001

describió el proceso de esos años como una reforma incompleta. En seis años

Governa luce una gran cantidad de contratos con entidades del Estado.

Mencionemos algunas de ellas: -Presidencia del Consejo de Ministros,

Produce, Instituto Nacional de Cultura, Inrena, Municipalidad de Lima, Consejo

Nacional del Ambiente, Mincetur, MEF, Ministerio de Vivienda, Proinversión,

Antamina, Municipalidades de Ancash. Hay bastante más.

Pero detengámonos aquí pues la historia de esta cofradía de las "PPK Girls",

acabó muy mal, peor que como empezó: no obstante que Cecilia Blondet -

integrante de la junta seleccionadora- detalló que todos los candidatos fueron

escrutados por diez bases de datos de distintas instituciones, como el Colegio

de Contadores, al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado (Consucode), a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Infocorp,

Indecopi, Ministerio del Interior, Justicia, la Oficina Nacional de Procesos

Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

(Reniec), Superintendencia de Banca y Seguros, y de la secretaría de gestión

Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. La candidata digitada y

preferida de Verónica Zavala y Cía.: Mayen Ugarte Vásquez Solís, fue

finalmente descalificada en medio de un gran escándalo mediático y político

después que se descubriera que había presentado un certificado profesional

dudoso y brindado información inexacta, por decir lo menos; hechos que la

descalificaron como posible Contralora, siendo elegido el contador Fuat Khoury

Zarzar.

Para no olvidar: la primera reunión de la comisión de transferencia de

Gobierno en el 2006, fue presidida por el ministro de Economía y Finanzas,

Fernando Zavala, quien reemplazó en la Presidencia del Consejo de Ministros

a Pedro Pablo Kuczynski (de viaje fuera del país), y estuvo compuesta del lado

de la saliente administración de Alejandro Toledo, por Cecilia Blume y nada

menos que Verónica Zavala (todos miembros de la misma cofradía), quienes

realizaron una exposición sobre la situación de la PCM y entregaron la

memoria de gestión de los últimos cinco años, información que fue recibida por

el reelecto congresista de la República Luis Alva Castro, el cual encabezó la

delegación del APRA, acompañado por los asesores César Gutiérrez, José

Murgia y Agustín Haya de la Torre.

Lobbistas defienden irregular concesión del puerto de Paita

La Cámara de Comercio ha publicado en octubre del 2009, avisos defendiendo

la privatización del puerto de Paita, y todos los lobistas conocidos del régimen,

entre ellos Cecilia Blume, están empeñados en una cerrada defensa a través

de diversos medios de comunicación. Lo cierto es que la concesión del puerto

estaba mal hecha desde el diseño, que fue elaborado por Pro-Inversión de

Cayetana Aljovín, pues la exigencia de una carta fianza de 100 millones de

dólares por 26 años hacía casi inviable el negocio. Sin embargo, por presiones

políticas y de los empresarios interesados el proceso siguió tal y como estaba,

con el compromiso, hecho bajo la mesa, de los funcionarios del gobierno

aprista, de cambiarle las condiciones al contrato para liberar al ganador de

tamaña obligación.

O sea que la valla de los 100 millones solamente fue puesta para que nadie

más que el consorcio portugués-chileno se presente. Hoy, algunos meses

después de licitada y cuando acaba de ser entregada la concesión al consorcio

integrado por Cosmos y Translei (Transportes Portuarios Euroandinos), se

sabe cómo y bajo qué condiciones ilegales se firmó el contrato. Funcionarios

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ministro Enrique Cornejo; el

presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Frank Boyle (de quien se dice,

por cierto, que habiendo acabado su mandato se mantuvo en el cargo

mediante una criollada en la interpretación de los plazos), prepararon el camino

para que todo eso ocurra.

No hay que olvidar que este proceso de Paita se dio en segunda convocatoria

porque en la primera no hubo postores. Después de la primera se cambiaron

un poco las bases. Según el decreto legislativo 1012, Ley de Asociaciones

Público Privadas, se necesitaba que pasen tres años de firmado un contrato de

concesión para que recién la empresa concesionaria pudiera incorporar o

solicitar cambios en el contrato a través de addendas. En el 2008, con todo

este proceso ya en marcha, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el

Decreto Supremo 146-2008-EF que quitaba el plazo de tres años para solicitar

addendas. Así quedaba preparado el terreno para el faenón dirigido por

Cayetana Aljovín. Con este cambio en la ley de APP's más el compromiso de

los citados funcionarios de aceptar incorporar la addenda con la cual

disminuyen los requisitos para la carta fianza. Sin embargo, esto no era

suficiente para los representantes del consorcio ganador, que pidieron la

elaboración previa de la addenda para su aprobación. Esto se hizo en una

reunión reservada y la addenda quedó en manos del personaje de más

confianza para funcionarios gubernamentales y empresarios. Cada uno de los

presentes en la reunión se llevó un borrador de la misma, y uno de esos

borradores obra en poder de un medio de comunicación.

Por su parte, a comienzos de octubre del 2005, los trabajadores portuarios y la

población en general anunciaron en los puertos de todo el país, que buscarán

la anulación del controvertido convenio de concesión del Puerto de Paita en

favor del consorcio Transportes Portuarios Euroandinos (TPE), que ganó la

adjudicación de este terminal portuario en medio de "groseras irregularidades

que perjudican al Perú y a toda la zona norte de nuestro litoral". Y la "ciega

política privatizadora del gobierno". Estas movilizaciones son convocadas por la

Unión Portuaria Nacional, que reúne a trabajadores portuarios de Enapu,

estibadores y transportistas; a ellos se sumarán organizaciones sociales,

frentes de defensa y población civil. El rechazo popular a la entrega de Paita ha

crecido porque el puerto sería entregado a la concesionaria el 8 de octubre,

fecha en que se conmemora el "Combate de Angamos", día en que se inmoló

el "Caballero de los Mares" durante la Guerra del Pacífico.

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu,

Gustavo Gutiérrez, reiteró su denuncia de que el gobierno pretende entregar

Paita a una empresa insolvente como TPE, que no ha demostrado tener la

capacidad financiera necesaria y que va a poner en serio riesgo las

operaciones de ese puerto. El interés de la agencia de privatización por

favorecer al concesionario, señaló Gutiérrez, quedó en evidencia cuando a TPE

le concedieron hasta tres prórrogas para la firma del contrato de concesión,

debido a que no podía cumplir con la entrega de las cartas fianza ofrecidas en

el marco de la adjudicación de la buena pro, donde dieron por ganador a TPE

sin tomar en cuenta las graves denuncias de corrupción durante el proceso que

culminó para los privatizadores el pasado 9 de setiembre, cinco días antes de

la fecha final establecida para la firma del convenio.

La cercanía de la entrega oficial del terminal portuario de Paita indigna también

a políticos y personalidades nacionales. "Se sigue regalando servicios

estratégicos a capitales extranjeros, con el agravante de que proceden de Chile

que es un país hostil con el Perú. Con la entrega de Paita se está redondeando

la faena, porque ya se han entregado los aires del Perú a capitales chilenos a

través de Lan- Perú", sostuvo el congresista David Waisman, quien añadió que

empresas chilenas ya realizan en nuestro litoral actividades que incluyen el

transporte de petróleo, algo que resulta muy peligroso para la seguridad del

país. El ex viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Solari Tudela, suscribió

las críticas que se hacen al contrato de concesión suscrito con el consorcio

TPE para que se encargue de la administración del puerto de Paita por espacio

de 30 años, pues sostuvo que las condiciones económicas en que se ha hecho

la negociación son totalmente lesivas a los intereses peruanos.

El diplomático sostuvo que hay un conflicto de intereses, pues los capitalistas

chilenos participantes influirán en la competencia que existe entre los puertos

peruanos y chilenos por constituirse en la puerta de entrada y salida del

Pacífico Sur hacia el Asia. Asesores legales de la Unión Portuaria Nacional y

de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios del Perú presentarán la

denuncia penal por el delito de colusión desleal contra la jefa de Pro-Inversión,

Cayetana Aljovín, el Contralor de la República, Fuad Khoury, entre otros

personajes que facilitaron la entrega del puerto de Paita pues, según

explicaron, existen indicios razonables de que se produjo irregularidades en el

proceso de adjudicación de este puerto con la finalidad de favorecer a la

empresa ganadora.

Colofón

La idea de este documento es develar que la asociación encubierta y la

participación en el sector transportes de Verónica Zavala, Cecilia Blume, Fritz

Du Bois y su esposa Cayetana Aljovín; no es una casualidad. Ha existido, y así

se ha demostrado a lo largo del presente documento, que las llamadas PPK

Girl´s han sabido ingresar a las instancias correctas para hacer y deshacer en

el sector transportes.

Por otro lado y con la anuencia de estas "ilustres autoridades" personas como

Juan de Dios Olaechea, José Amado y Carlos Puga, han complotado para que

empresas que han demostrado eficiencia, buen servicio y garantía, y que

amparados en sendas inversiones, fuertes capitales y una experiencia de

décadas, se vean perjudicadas al permitir el ingreso de operadores con

requisitos mínimos, que lo único que ocasionara, es la inseguridad de la ruta.